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El consumo de agua que hacemos cada día en los hogares, además del que hacen las empresas y las industrias para la producción económica desde siempre ha sido sujeto de “costo económico” relacionado con su captación, almacenamiento, tratamiento y distribución, sin embargo la concentración poblacional en zonas metropolitanas y grandes urbes, así como el asentamiento de grandes zonas industriales demandantes de altos volúmenes de agua han creado la necesidad de trasladarla desde cuencas cada vez más alejadas, extraerla de pozos más profundos o aplicar tratamientos más costosos.

El agua que procede de otras cuencas conlleva un costo por lo ya mencionado pero también se limita su utilización en las zonas donde se extrae, razón por la cual, cabe cuestionar si adicionalmente al costo que ya pagamos ¿Es pertinente compensar a los propietarios de la tierra que proveen dicho recurso? Sobre todo cuando éstos viven en pobreza extrema o tienen escasos medios de producción económica que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.

Dando por sentado el derecho al consumo de agua que tenemos todos los individuos y seres vivientes, la cuestión a matizar es la atribución legitima de los propietarios de ecosistemas que suministran el “servicio ambiental hidrológico” a ser compensados, ya sea porque se ven condicionados a restringir la extracción de recursos forestales, realizar acciones de conservación y limitar el consumo de agua para la producción o porque se pone el riesgo la disponibilidad para sus generaciones futuras en caso de agotamiento de los acuíferos.

Los esquemas de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos se conceptualizan como una transacción voluntaria donde el servicio ambiental [de agua] se compra por lo menos por un comprador y se vende por mínimo un proveedor del servicio ambiental, y solo se cumple la transacción si el proveedor presta el servicio (Wunder, 2005). El principio básico, es que quienes proveen el servicio ambiental reciban una compensación en moneda o en especie, generalmente son los poseedores o propietarios de la tierra de las cuencas con abundancia de agua, y que quienes se beneficien paguen por recibirlo.

Estas formas de compensación contribuyen en la conservación de cuencas productoras de agua, ayudan a los propietarios de la tierra a tomar conciencia de los múltiples servicios que proporcionan sus territorios y que la extracción forestal no es el único medio de obtener recursos, constituyen incentivos para que los dueños de la tierra detengan o disminuyan la deforestación, ayudan a aminorar el problema de la pobreza en asentamientos ubicados en zonas inaccesibles, por ejemplo cabeceras de cuenca.

En términos legales han contribuido a formalizar los derechos de propiedad de la tierra de sus poseedores ante la necesidad de definir los límites y contar con títulos que avalen la posesión, el cual es un requisito necesario para ser sujeto de compensación por servicios ambientales.

Estrategias de esta índole emergen como vías para inducir y madurar procesos de gestión de recursos hidrológicos en los que la sociedad cobre conciencia de lo importante que es el uso racional y racionado del agua, ayudan a transformar la racionalidad de los ciudadanos respecto a “que disponer de agua” en el domicilio, la empresa o la industria en las grandes ciudades significa la construcción de infraestructuras de gran calado y en ocasiones condiciona a otros individuos a no disfrutar del recurso en forma de manantiales, lagunas o caudales, a que restrinjan la extracción forestal o emprendan acciones de conservación de bosques, por lo cual, es signo de justicia ambiental compensarlos por la provisión del servicio ambiental hidrológico.

 

Ángeles Alberto Villavicencio

angeles.alberto@colmich.edu.mx

Centro de Estudios en Geografía Humana

El Colegio de Michoacán


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Justicia ambiental

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