Si bien las candidaturas independientes tuvieron su primera expresión en el ámbito federal en 2015, no fue sino hasta este proceso electoral –el primero en el que podía haber candidatos independientes presidenciales– que esta forma de representación política ocupó un espacio destacado en el debate nacional.
De forma un tanto comprensible, durante los más de cuatro meses que duró el plazo para que más de 270 ciudadanas y ciudadanos recolectaran las firmas que establece la ley para poder aspirar a ser candidato independiente a diputado federal, senador o presidente, la cobertura mediática se centró en la carrera de los cuatro o cinco aspirantes a una candidatura independiente presidencial que tenían mayores posibilidades. Esto fue aún más notorio a partir de que el Instituto Nacional Electoral (INE) informó a la opinión pública que algunas y algunos de ellos habían recabados apoyos ciudadanos de forma irregular, con fotocopias y simulaciones de la credencial para votar.
A pesar de este sesgo en la cobertura mediática y el mal sabor que nos dejó a muchos el saber que algunos de los aspirantes que se presentaban como una alternativa a los “políticos tradicionales” recurrieron a las mismas prácticas que éstos, lo cierto es que el proceso de recolección de apoyos ciudadanos vivido en nuestro país entre octubre de 2017 y marzo de 2018 estuvo marcado por contrastes y elementos inéditos que, me parece, aún no han sido valorados en su justa medida.
Los contrastes van desde las notables diferencias en los recursos económicos y organizativos con que cada uno de los aspirantes iniciaron el proceso para tratar de conseguir una candidatura, hasta las estrategias que adoptaron (algunas de ellas, ahora lo sabemos, ilegales) para potenciar o compensar los recursos a su alcance. Al mismo tiempo, fue un proceso inédito tanto por el enorme número de personas que trataron de obtener una candidatura independiente, como por la gran cantidad de información que el INE puso a nuestro alcance para seguirlo de cerca.
Con el fin de documentar y explicar de mejor forma estos contrastes, actualmente analizo las diversas bases de datos generadas por el INE para responder preguntas como: ¿Qué proporción de las y los aspirantes actuaron de forma legal al recabar las firmas que necesitaban y que proporción prefirió hacer trampa? ¿Qué aspirante(s) utilizaron de forma más eficiente los recursos invertidos en este proceso? ¿Existió algún tipo de coordinación entre los diversos aspirantes a candidato independiente al recolectar el apoyo de los ciudadanos? En caso de que haya sido así, ¿existen diferentes formas de coordinación entre aspirantes? ¿Cuáles son más eficientes y efectivas?
Espero que las respuestas a estas y otras preguntas no sólo nos permitan dimensionar de mejor forma lo ocurrido hasta ahora con quienes aspiran a ser candidato independiente en nuestro país, sino también a responder preguntas teóricas relevantes entorno a esta forma de participación ciudadana e, irónicamente, los partidos políticos.
Sebastián Garrido de Sierra
Coordinador de la Unidad de Ciencia de Datos
Laboratorio Nacional de Políticas Públicas
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