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El Colegio de San Luis

Gestión de riesgos ante desastres naturales en tiempos de crisis económica

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¿Qué pasaría si en el actual panorama nacional se reedita un desastre como el de 1985? Sin duda alguna sería el peor momento para experimentar una circunstancia de esta naturaleza. No obstante, estas situaciones se caracterizan por dejar al descubierto la falta de preparación y la vulnerabilidad de los gobiernos y su sociedad.

Precisamente los momentos de crisis económica y renegociación de acuerdos con el exterior han desviado la mirada hacia otras prioridades distintas a la Gestión de Riesgos de Desastres, en lo que podría leerse como una especie de negación de los mismos. Este escenario es el que nos mostraron los sismos de septiembre de 1985, cuando el país enfrentó una inflación galopante y sistemáticos recortes al gasto público ante la postura del gobierno de De la Madrid de hacer frente a los compromisos internacionales y no declarar la moratoria de pagos (esto hubiese abierto la puerta al conjunto de países latinoamericanos para seguir los pasos de México), además de mantener firme la sede del mundial de fútbol.

Esta decisión no solo originó un sistemático rechazo a las constantes demandas sociales sobre daños estructurales y diversos riesgos que experimentaban, también cegaron a las autoridades sobre las debilidades que el gobierno presentaba para hacer frente a escenarios no previstos, como la materialización de los riesgos de desastres.

Si bien, ahora se cuenta con un Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), una Ley General de Protección Civil (LGPC) (modificada en 2012), autoridades encargadas de la materia como el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y dependencias estatales y municipales facultadas a la protección de la población civil antes, durante y después de un desastre así como de instrumentos financieros para prevenir y atender situaciones de desastres, en su operación esta estructura dista mucho de los preceptos con los cuales fueron constituidos.

En primer lugar porque la población no ha logrado ser incorporada en estas estructuras, por la falta de un trabajo conjunto entre dependencias y niveles de gobierno, aparte de la ausencia de transparencia y una falta de rendición de cuentas de los encargados de estas dependencias.

Un ejemplo de esto es San Luis Potosí, pese a haber sido uno de los primeros estados que conformó su Consejo Estatal de Protección Civil (1986), no cuenta con un Atlas Estatal de Riesgos que pueda ser consultado en su página electrónica o dentro del Atlas Nacional de Riesgos que opera el Cenapred, a pesar de haber invertido a través del Fopreden 4.6 millones de pesos en 2004 para su actualización. Además, hasta febrero de 2015, municipios como Santo Domingo y Villa de la Paz no contaban con una Unidad Municipal de Protección Civil, 20 más señalaron desconocer el Atlas Estatal de Riesgos y carecer de uno propio, con lo cual se viola la LGPC y se incumple con la Gestión Integral de Riesgo.

De acuerdo con el inventario de riesgos y amenazas naturales de Desinventar, autoridades municipales y federales, San Luis Potosí ha estado sujeto a distintos procesos de desastres como sequías, inundaciones, plagas, explosiones, incendios, epidemias, olas de calor, lluvias, deslizamientos, avenidas torrenciales, colapso de estructuras, tormentas eléctricas, desbordamientos, nevadas, vendavales, heladas, ondas frías, granizadas, hundimientos, ciclones, huracanes, entre otros.

Ante este escenario, la mejor forma de hacer frente a los riesgos, desastres y hacer un uso eficiente del gasto público, en situaciones de crisis, es articular políticas públicas que incorporen la visión de protección civil, desde las distintas esferas de la administración pública, con el propósito de mitigar los efectos de los desastres y preparar a los distintos sectores de la sociedad ante cualquier escenario de desastres, bajo la premisa de que los riesgos y los desastres siempre estarán latentes por tratarse de situaciones dinámicas que todo el tiempo están en constante cambio.

Autor: Dr. Jorge Damián Morán Escamilla, investigador del Programa Agua y Sociedad de El Colegio de San Luis


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