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Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Prevención, atención y eliminación de la violencia escolar

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La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) promulgada hace unos meses en México constituye una oportunidad excepcional para reordenar las acciones de diferente escala y a cargo de múltiples actores dirigidas a la prevención, atención y eliminación de la violencia escolar. Estas acciones conforman un conjunto vasto y heterogéneo de programas, proyectos y estrategias que tienen pretensiones de sensibilización y difusión; de formación y capacitación; de intervención directa en las escuelas y entre los integrantes de las comunidades escolares; de investigación, documentación y medición; de legislación y/o, entre otras, de generación de recomendaciones de políticas y programas públicos.

Sean cuales sean sus principales intenciones, lo cierto es que buena parte de las acciones han sido emprendidas de forma descoordinada, inconexa, discontinua, fragmentada, contradictoria. Esas experiencias expresan cierto desconocimiento dl diseño organizacional y funcionamiento del sistema educativo, las escuelas, los planes y programas de estudio vigentes, los programas y proyectos creados dentro del sector educativo, así como las atribuciones y competencias de las autoridades educativas e integrantes de las comunidades escolares frente al fenómeno de la violencia escolar. Si todo esto se ignora y además se desconoce en qué consiste la propia violencia en las escuelas mexicanas, la consecución de resultados adversos a la prevención y eliminación de este problema es, desde ahí, esperable.

Frente a este escenario, habría que agregar que el análisis de la Ley General de Educación, de las 27 Leyes Estatales expedidas fundamentalmente desde el 2008 en torno a la seguridad, el acoso y/o violencia escolar así como la convivencia libre de violencia hasta Lineamientos, Reglamentos, Acuerdos Secretariales, Reglas de Operación de Programas y Marcos de Convivencia Escolar, entre otros instrumentos, muestra vacíos y contradicciones que amenazan los principios del derecho a la educación y, desde fines del 2014, los principios de la LGDNNA. La oportunidad de re-estructurar los objetivos, estrategias, mecanismos, perspectivas de política pública y de la normatividad existente que conduzcan a la armonización de la Ley General de Educación con la LGDNNA, es única.

Se necesita emprender acciones dirigidas a una articulación legislativa y normativa dentro y fuera del sistema educativo donde se toman decisiones relevantes dirigidas a la atención de la violencia en las escuelas mexicanas. Esta articulación deberá ser construida a través de una colaboración amplia, pública y democrática sobre bases firmes y documentadas, con diagnósticos e información confiable, con la recuperación crítica del conocimiento y experiencias acumuladas en los últimos años y, sin duda, garantizando el reconocimiento y respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en tanto sujetos de derecho y con los derechos que tienen a una vida libre de violencia, a la integridad personal, así como a la participación (Fracc. VIII y XV, artículo 13, LGDNNA).

Frente a las nuevas responsabilidades asumidas por el Estado mexicano, la LGDNNA plantea la intersectorialidad como el paradigma en la formulación de las políticas públicas en esta materia. Sirvan los siguientes fragmentos de la LGNNA para ilustrar cómo ésta invoca la intersectorialidad y, en consecuencia, una gestión intersectorial que sin ella sería imposible la consecución de sus objetivos. En particular, el artículo 59 de dicha Ley establece que “las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”; para ello se puntualiza en la Fracción I del mismo artículo que: “las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, y las instituciones académicas se coordinarán incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela …[para] diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones, que contemplen la participación de los sectores público, privado y social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia”.

Llevar a cabo estas encomiendas plantea diversos desafíos pues hoy está ampliamente documentado que cuando se habla de coordinación en una política intersectorial, esto significa mucho más que la participación de varios actores en torno a un objetivo compartido durante un periodo y en un contexto determinados. En este sentido, establecer con claridad quiénes toman parte en ese proceso de integración, cómo, desde dónde y con qué recursos lo hacen es fundamental para prever situaciones que expresan graves problemas en torno a las relaciones, dispositivos y rutinas institucionales que caracterizan a los actores colaboradores y que todos reclaman su intervención legal y legítima que supone la atención de asunto público, sobre todo, cuando esta exigencia está sustentada en un instrumento jurídico como una Ley General.

Una cuestión adicional que puede producir tensiones y por ello habría que tomar en cuenta también como punto de partida es que el Estado mexicano, como todos los contemporáneos, no constituye un ente homogéneo ni compacto que se comporte de forma lineal a partir de una sola orientación. De aquí que la atención a la violencia se va configurando desde las negociaciones y disputas basadas en interpretaciones y prácticas institucionales propias de las diversas entidades y niveles gobierno que están involucrados en esta tarea atención. En virtud de la complejidad que tiene el fenómeno de la violencia escolar, queda clara la preocupación por anticiparse y limitar desde ahora y en la medida de lo posible, estos desenlaces. Por ello, la relevancia de pensar desde ahora en la gestión intersectorial en el proceso de articulación normativa de la Ley General de Educación con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no es una cuestión menor.

Texto por: Dra. Ursula Zurita Rivera, FLACSO México


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